La ley sobre el monotributo aprobada el jueves último por la tarde, cuando el Senado votó el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo a fines de 2020, dispone que los valores de las facturaciones máximas de cada categoría y de los aportes mensuales a ingresar por los contribuyentes ser actualizarán -como norma de excepción solo para el actual 2021- según el porcentaje de variación que tuvo el año pasado el haber mínimo del sistema previsional nacional. Esto significa que, con efecto desde enero pasado, todas las cifras del esquema del sistema de pequeños contribuyentes se incrementan en un 35,3%.

La nueva tabla todavía no fue publicada. De hecho, aún no se promulgó la ley y resta que, una vez que se efectivice ese paso, la AFIP apruebe la reglamentación. ¿Qué deberán hacer luego los contribuyentes, según lo previsto? ¿Tendrán que recategorizarse en función de los nuevos valores? ¿Qué pasará con los montos pagados por el componente impositivo y por el aporte al sistema de seguridad social en los primeros meses de este año, si ahora se modifican los montos con efecto desde enero?

Más allá de que aún faltan normativas, en la AFIP aclaran, respecto de esos puntos, que la propia ley ya establece cuáles son los pasos a seguir. Así, el propio organismo de recaudación impositiva será el encargado de reubicar a cada monotributista –en caso de que haga falta- dentro de la tabla con valores actualizados. Y tendrá que hacer esa tarea “considerando los valores de los parámetros de ingresos brutos y alquileres devengados que resulten de la información oportunamente declarada”, según expresa la norma.

Es decir que, a partir de cómo está categorizada cada persona en la tabla que todavía sigue vigente (y que es la misma que rigió durante todo 2020), la AFIP la llevará al casillero que le toque una vez aplicado el incremento de los valores de facturaciones topes de cada categoría. Por ejemplo, a alguien con una facturación en 12 meses de $400.000 le corresponde hasta ahora la categoría C, mientras que con la actualización se iría a la B, porque el tope de ingresos en este segundo escalón del esquema se elevará de $313.108,87 a $423.636.

Según dijeron fuentes de la AFIP, al hacerse esa reubicación se irá definiendo quiénes están con crédito fiscal (por haber pagado aportes de montos mayores a los que finalmente se sabrá que le tocan por los meses de este año, incluidos los ya transcurridos), y quiénes deberán ingresar más dinero que el que pagaron hasta ahora.

La nueva ley establece también que, una vez hecha la categorización por parte de la AFIP, cada monotributista podrá pedir la modificación de su situación, si es que entiende que así corresponde. El texto aclara que la falta de una manifestación con respecto a la recategorización “implicará su ratificación”. El organismo deberá disponer, en todo caso, de qué manera deberá expresarse que no se está conforme con la ubicación en la que se quedó.

Además, lo que aprobó el Congreso implica que no se aplicarán intereses resarcitorios por los pagos hechos fuera de término, en referencia a las obligaciones con vencimiento entre el 1° de enero pasado y el mes previo al que se haga la nueva categorización.

La implementación de la nueva ley llevará la facturación máxima anual para ser monotributista de $1.739.493,79 a $2.353.535,10 en la prestación de servicios, y de $2.609.240,69 a $3.530.302,65 en la actividad de comercio de cosas muebles. Todos los topes de las categorías se ajustarán también en un 35,3% y, así, por ejemplo, la A será para quienes tengan ingresos de hasta $282.424,20; la B, para quienes facturen hasta $423.636,30, y en la C estarán quienes no perciban más de $564.848,40.

Como ocurre cada año, entre las variables que se actualizan están los montos a pagar, tanto por el componente impositivo como por los aportes al sistema previsional y a la obra social. En la categoría A la cifra total pasará a $2646; en la B, a $2958, cualquiera sea la actividad, y en la C, a $3382 (servicios) y a $3325 (comercio). En la categoría H (la más alta de servicios), el aporte integrado pasa a $12.788 y en la K (la más elevada de comercio), a $19.911. Por sí solo, el aporte a la obra social pasará de $1041,22 a $1408,8 por beneficiario.

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