Ante el avance de la segunda ola de coronavirus, que impacta directamente en los sistemas de salud, y frente a la demora en la llegada de vacunas, el Gobierno anunció en las últimas horas que retomó el diálogo con el laboratorio de Estados Unidos Pfizer para comprar inoculantes.

“Se han retomado las negociaciones con Pfizer para también entender cuál es el estado de situación o como se puede generar algunos cambios para avanzar en un contrato”, planteó la asesora presidencial Cecilia Nicolini en declaraciones a radio Futurock. El fin de semana, el presidente Alberto Fernández había adelantado la decisión de reactivar las conversaciones con los laboratorios, principalmente de Estados Unidos, para ampliar la oferta de inoculantes.

“Las negociaciones a veces sufren algunos impases, se frenan, luego se retoman, en ningún caso están cerradas o imposible de poder firmar o avanzar. Ahora, tiene que haber acuerdos entre las partes, y eso significa (no solo) ponerse de acuerdo en las cláusulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino también tener una propuesta interesante para la Argentina de entrega de esas vacunas en tiempo y forma”, indicó la funcionaria.

A mediados del año 2020, Alberto Fernández confiaba en cerrar un acuerdo con Pfizer para acceder a 3 millones de dosis de la vacuna antes que finalizara el año. Es más, el Estado nacional, por intermedio del Ministerio de Defensa, puso a disposición el Hospital Militar para que el laboratorio multinacional en conjunto con BioNTech realizara ensayos clínicos para testear la efectividad de la vacuna contra el coronavirus en fase 3. Cerca de 4.500 voluntarios participaron de las pruebas, que se completaron, con la expectativa de que Pfizer le otorgaría preferencias a Argentina.

Sin embargo, la burocracia y ciertos obstáculos legales dinamitaron el acuerdo y el propio mandatario reconoció que el laboratorio norteamericano tuvo “demasiadas exigencias que otras vacunas no han tenido”. En aquel momento, el Ejecutivo avanzó en los contratos con la Federación Rusa para la adquisición de la vacuna Sputnik V.

“Pfizer nos pidió una Ley de Vacunas, y nosotros cumplimos. Y ahora nos piden otra ley para evitar responsabilidades penales si las vacunas causan daños físicos. Esa inmunidad jurídica no se la vamos a dar. Ellos son responsables de las vacunas. No es el Estado Nacional. El Estado compra y ellos venden. No entiendo por qué tenemos que darle una norma que los pone al margen de las responsabilidades civiles y penales”, explicaba el Presidente en Olivos en diciembre del año pasado.

La imposibilidad de cerrar este acuerdo fue muy criticado por la alianza opositora Juntos por el Cambio. La semana pasada, incluso, un grupo de diputados pidió que Pfizer, Moderna y otras empresas farmacéuticas se presenten en el Congreso para explicar cuáles son los impedimentos para que la Argentina acceda a sus vacunas contra el coronavirus, luego de que fracasaran o se demoraran las negociaciones que había iniciado el ex ministro de Salud Ginés González García.

La presentación fue hecha por los diputados nacionales Graciela Ocaña, Claudia Najul, Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Soher El Sukaria, Luis Juez, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

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