El Gobierno nacional les ordenó a las empresas de medicina prepagas que retrotaigan los precios de las cuotas a diciembre de 2023, y que a partir de ese mes, los ajustes sean de acuerdo al índice de inflación.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo este miércoles que la medida fue tomada por el Ministerio de Economía debido a la presunción de cartelización de un grupo de empresas que representa cerca del 75% de los afiliados.
Asimismo, Adorni también detalló que este grupo de empresas deberá ajustar al Índice de Precios al Consumidor (IPC) las cuotas de las prepagas de los próximos seis meses y aclaró que "es de aplicación inmediata".
"Las cuotas que le lleguen a los afiliados deben retrotraerse a diciembre de 2023, ajustadas por IPC", aseguró el volcero presidencial, quien además señaló que "va a ser una reducción considerable con respecto a lo que pagaron en abril".
"Este es el resultado de una medida de ´tutela anticipada´ que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización. El Gobierno no va a convalidar maniobras especulativas desde ningún punto de vista", afirmó Adorni.
MEDIDA CAUTELAR EN MARCHA
Por otro lado, el vocero se refirió la presentación de una medida cautelar ante la Justicia realizada por la Superintendencia de Salud: "Es para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicinas prepagas a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha".
En ese sentido, Adorni aclaró que la Superintendencia de Salud tendrá un rol de auditor: "No controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos".
CÓMO SE APLICA LA MEDIDA
En paralelo, desde la Secretaría de Comercio emitieron un comunicado en el que explican los detalles de la medida que dispuso el gobierno para dar marcha atrás con los aumentos en las cuotas de la medicina prepaga.
Desde el Ministerio de Economía se ampararon en la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país.
Así, el cálculo que se debe hacer para la nueva cuota debe ser el siguiente: al valor de diciembre se lo multiplica por 1 más la variación porcentual entre la inflación al momento de la facturación y la inflación de diciembre de 2023. Es decir, el aumento respecto a diciembre del año pasado no debería ser superior al 70%.
"La medida aclara que, en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado", detallaron desde la Secretaría de Comercio.
En esa línea, tanto las empresas como la UAS, tienen la obligación de publicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la cautelar, el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web.
Además, el Gobierno ordenó a este grupo de empresas a "cesar con cualquier tipo de intercambio de información que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial".
Las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. Las empresas deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante, e informar su actualización con una frecuencia mensual.
Las compañías alcanzadas por la medida son: Galeno Argentina S.A.,Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, y Unión Argentina de Salud (UAS).
