En un hecho histórico para el país, comenzó este martes en Resistencia el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, un debate inédito en el que se juzgará como crimen de lesa humanidad la matanza de pueblos originarios chaqueños cometida en 1924.

La vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la secretaria de Derechos Humanos Silvana Pérez y la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar encabezaron, en la Casa de las Culturas, la apertura de la primera audiencia del juicio que tiene al Estado provincial como querellante.

“Poder reconocer este genocidio como delito de lesa humanidad a través de un proceso jurídico que implica Memoria, Verdad y Justicia, marca un cambio rotundo para el Chaco, Argentina y Latinoamérica”, subrayó Silvana Pérez.

Asimismo, señaló que esta instancia promete un camino de reparaciones con el que el Estado chaqueño está fuertemente comprometido. “Este juicio implica un cambio en la historia, y su realización misma empieza a ser un acto reparatorio porque reconoce el genocidio y terrorismo por parte del Estado”, remarcó.

El Estado chaqueño, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), se constituyó como querellante en la causa, con el fin de enriquecer el proceso judicial, aportando pruebas y testigos, y sellando el compromiso institucional con la Verdad Histórica.

“Capitanich y Rach Quiroga tienen una mirada especial hacia las comunidades indígenas”, apuntó Pérez y recordó que el largo proceso que desembocó en este histórico juicio, comenzó en 2008 con un pedido de perdón por parte del gobernador en suelo de Napalpí, reconociendo los crímenes cometidos por el Estado.

Por otro lado, la funcionaria destacó el trabajo realizado por el investigador de la comunidad Qom Juan Chico quién fue uno de los impulsores del juicio y pieza fundamental para el esclarecimiento de estos hechos.

“Él supo instalar y transmitir la importancia de estos hechos para que los Derechos Humanos y Juicios de Lesa Humanidad centren su atención hoy en el genocidio indígena, lo reparatorio tiene que ver con la construcción de memoria, de una verdad jurídica y de una política de reparaciones concretas hacia los pueblos originarios”, sostuvo.

De la actividad participaron la jueza Zunilda Niremperger, el secretario de Derechos Humanos de Nación Horacio Pietragalla Corti, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la subsecretaria de Derechos Humanos Nayla Bosch; Federico Carniel y Diego Vigay, integrantes de la Fiscalía Federal en Causas de Lesa Humanidad del Chaco y Miguel Villagómez del Instituto del Aborigen Chaqueño.

Un juicio sin antecedentes en el país

El juicio, que inició hoy en el Día del Aborigen Americano, reviste características de suma trascendencia histórica así como de reivindicación de la memoria de los Pueblos Originarios que habitan la provincia.

Se trata de la primera oportunidad en la historia argentina en que un acto de genocidio contra pueblos originarios es llevado a Juicio.

La Masacre de Napalpí quedó reconocida por la Justicia Federal como un crimen de lesa humanidad y la causa fue elevada como juicio por la Verdad gracias al impulso de Juan Chico.

“Esta carátula permite exponer y oficializar una verdad históricamente negada que permite que estos actos no se sigan reproduciendo en prácticas estatales e institucionales, garantizando una mirada de derechos humanos más amplia”, explicó Silvana Pérez.

La titular del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia Zunilda Niremperger explicó que el proceso jurídico no tendrá imputados, sino que consistirá en la declaración de sobrevivientes y descendientes de las víctimas, y contará con el aporte de pruebas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación surgidas de una investigación especial.

Se pretende así dilucidar la verdad respecto de lo sucedido en las jornadas de julio de 1924, cuando ocurrió la matanza de más de 200 miembros de los pueblos indígenas Qom y Moqoit perpetrada por policías, gendarmes y colonos.

“Activar la memoria y generar conciencia”

Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de Nación remarcó la trascendencia histórica para Chaco, el país y la región grande y la importancia y necesidad de visibilizar, a través de este juicio, lo que realmente ocurrió y preservar los relatos de sus víctimas.

“Esto forma parte de la reparación histórica hacia los pueblos originarios que vivieron una de las masacres más dolorosas de nuestra historia”, resaltó.

“Esto forma parte también de la deuda histórica que tenemos con nuestras comunidades indígenas; que este juicio sirva para ir construyendo una legitimidad en las políticas que tenemos que llevar adelante desde el gobierno para reparar esa deuda”, enfatizó. Por último, destacó el compromiso del Estado chaqueño que se constituyó como querellante y que impulsó también la realización de este juicio.

La jueza Zunilda Niremperger explicó que el juicio no buscará responsables y no tendrá aristas penales, sino que buscará establecer una aproximación de lo acontecido a través de las distintas pruebas que presentó la Fiscalía y la Querella para hacer una determinación judicial de los hechos.

“Me siento una privilegiada representando al Poder Judicial de la Nación como parte de un Estado que tiene la obligación de adoptar la debida diligencia para investigar graves violaciones a los derechos humanos”, expresó.

Por último, recalcó que el proceso judicial es una forma de reivindicación para estas comunidades, que tiene por objeto también activar la memoria y generar conciencia colectiva para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir nunca más.

En tanto que Sergio López, presidente de la Fundación Napalpí y perteneciente al pueblo qom, señaló que el juicio marca un hito en el proceso de reparación histórica para los pueblos indígenas.

“Debemos seguir transitando por este camino que ha caminado Juan Chico, un luchador de los Derechos Humanos y militante de esta causa”, dijo López, en referencia al investigador, docente y poeta qom que se abocó a reconstruir los hechos de la Masacre. “A partir de ahora se abre una nueva puerta hacia la memoria, verdad y justicia”, dijo.

En la misma sintonía, Juan Carlos Martínez, nieto de una de las víctimas de la Masacre de Napalpí, relató la experiencia de su abuela y dijo que la realización de este juicio es una ventana que llena de esperanza a los pueblos aborígenes.

Detalles del Juicio

Esta instancia, a la vez que pone en manos de la Justicia los elementos probatorios y procura un fallo que esclarezca lo sucedido, brinda la posibilidad de articular con la sociedad civil en su conjunto tanto el conocimiento de la tragedia sufrida, así como la posibilidad de que se abran puertas para la reparación, por medio de la reivindicación de la dignidad de los pueblos lesionados, así como a través del desarrollo de políticas públicas de inclusión.

El juicio fue impulsado por numerosos actores locales y nacionales, entre los que se destacan los aportes de investigaciones provenientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los estudios y reconstrucción de la memoria labrados por el historiador Qom Juan Chico, desde la Fundación Napalpí, así como por los sobrevivientes de la masacre, sus familiares y descendientes muchos de los cuales serán testigos del juicio, siendo símbolo de prueba viviente la abuela Rosa Grillo de 114 años, quien personalmente vivió la masacre y dará su testimonio de lo sucedido.

Con el propósito de maximizar el involucramiento de la comunidad, las audiencias tendrán como sede las localidades de Resistencia, Machagai y Buenos Aires, contando con transmisión en vivo en el espacio público, con la intención de acoger a gran cantidad de público.

El cronograma de audiencias continuará el próximo 26 y 27 de abril -desde las 8- en la Casa de las Culturas de Resistencia con la declaración de testigos, en tanto que el 3 de mayo se realizará una nueva audiencia en Machagai, y el 10 y 12 de mayo en Bueno Aires.

Finalmente, el 19 de mayo a partir de las 8 en la Casa de las Culturas de Resistencia, tendrán lugar los alegatos finales por parte de la Fiscalía Federal, la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia y el Instituto del Aborigen Chaqueño.


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