En su primer día en el Planalto Bolsonaro minimizó este lunes la gravedad de la crisis sanitaria lanzando críticas a los gobernadores (sin citarlos) a los que responsabilizó por haber causado la disparada del desempleo debido a la suspensión de actividades económicas para contener el contagio del SARS-CoV-2.

A lo largo de su cuarentena se dedicó a hacerle propaganda al consumo de la hidroxicloroquina en transmisiones en vivo a través de las redes sociales en las que incitó a tomar el antiparasitario "Anita".

Según la revista Carta Capital no se puede descartar que con esa publicidad, que disparó la venta de hidroxicloorquina, el presidente haya favorecido a un amigo que produce ese fármaco.

Un columnista del semanario recordó que llegaron 2 millones de comprimidos de hidroxicloroquina donados por Donald Trump y que el laboratorio del Ejército comenzó a producir el fármaco en gran escala. Un caso que combina diplomacia y negocios por lo menos sospechosos.

Durante un encuentro con centenas de simpatizantes , ocurrido hace diez días, Bolsonaro llegó a elevar con sus manos una caja con esa droga como si estuviera encabezando un ritual religioso donde el pastor, o el curandero, alaba una pósima con poderes milagrosos.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como el grueso de la comunidad científica brasileña desaprueban el medicamento – concebido para el lupus y la malaria – por tener efectos colaterales que pueden costar la vida de los pacientes infectados con la covid-19.

Cinco meses después de registrado el primer caso de la dolencia – un vecino de San Pablo que se habría infectado en Milán, Italia - el gobierno no alteró en nada su decisión de negar el problema a pesar de que Brasil se ha consolidado como el segundo país más castigado del mundo.

El desastre fue asimilado por una parte de la opinión pública, especialmente la evangélica, la cual se adapta al nuevo normal en el que las muertes son inevitables.

Otro segmento de la población, mayoritario, desaprueba los devaríos del jefe de Estado pero no traduce su disgusto en protestas masivas, en parte debido a la cuarentena, y en parte por la inexistencia de una oposición unida frente al régimen.

Las encuestas recientes, algunas publicadas la semana pasada, dicen que esta fórmula negacionista fue rentable para el gobernante cuya aprobación ha subido moderadamente en los últimos meses. En una simulación electoral Bolsonaro aparece como vencedor ante cualquier adversario en los comicios de 2022, en los que buscará su reelección.

La situación del líder de la ultraderecha no es tan cómoda fuera de su país, donde fue objeto de una nueva denuncia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) presentada por entidades que representan a cerca de un millón de profesionales de la salud.

"La omisión del gobierno caracteriza el crimen contra la humanidad y genocidio (..) es urgente la apertura de un procedimiento investigativo ante al TPI para evitar que una parte de los 210 millones (brasileños) sufra las consecuencias de los actos irresponsables del señor Presidente", alega la acusación.

El gobierno actuó con "menosprecio y negacionismo" dando lugar a la "diseminación" de la dolencia junto al "total estrangulamiento de los servicios de salud".

La pieza fue elaborada por la Red Sindical UniSaúde, que representa a los gremios de 19 estados brasileños junto a entidades internacionales como UNI Americas.

"Ya hay 3 denuncias previas en el TPI contra Bolsonaro, ( ...) pero queremos contribuir aportando evidencias técnicas ( sobre ) la existencia de crímenes por acción u omisión", dijo Marcio Monzane, secretario de UNI Américas.

El texto de 64 páginas, presentado este domingo en La Haya, sostiene que el mandatario ignoró las recomendaciones de sus ex ministros de Salud.

En abril Bolsonaro destituyó al entonces ministro, Luiz Henrique Mandetta, y en mayo a su sucesor, Nelson Teich, dos médicos que defendían alguna forma de aislamiento social y cuestionaron la hidroxicloroquina.

En mayo designó como titular de Salud Eduardo Pazuello, un general sin formación en medicina, quien por su vez colocó a dos decenas de militares en los puestos principales de la cartera.

"El gobierno debería ser considerado culpable por su insensible actuación (ante la pandemia) y por rehusarse a proteger a los trabajadores ", planteó Marcio Monzane, al señalar que en Brasil hay más de 500 médicos y enfermeros fallecidos a causa del virus.

La denuncia cita que hace dos semans el juez Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal brasileño, habló de un "genocidio" en curso, del cual sería cómplice el Ejército por haber autorizado que un general en actividad aplique las medidas ordenada por Bolsonaro. .

Desde el Planalto la orden es rebatir y abrir causas judiciales, basadas en la Ley de Seguridad Nacional heredada de la dictadura (1964-1985) contra quien acuse de "genocidio" al mandatario.

Esta presión es eficaz para cohibir acciones en la justicia local pero impotente ante los procesos internacionales en el TPI y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De prosperar el proceso en La Haya, algo que no ocurrirá de inmediato, Bolsonaro podrá convertirse en un ogro internacional y una vez que haya dejado el gobierno correrá el riesgo de terminar como los criminales de guerra de los Balcanes dondenados y arrestados por el TPI.

Fuente: Página12

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